A principios del siglo 21, Francia se seguía considerando líder en el mundo de los negocios. Como la segunda economía en Europa, el país fue capaz de influir mucho en el mayor bloque comercial del mundo. Invertir en Francia en el largo plazo parecía tener sentido, ya que se sabía que había un gran número de empresas francesas que fueron consideradas de clase mundial. El mercado de valores del país en ese momento (El CAC-40) contenía el 5% del total mundial de acciones negociadas. El futuro de la nación parecía estar seguro.
Una década más tarde, se ha producido un cambio dramático. Sólo 1 firma francesa permanece en las 50 principales empresas en el mundo, según el ranking de su valor en el mercado. Sólo el 3% de las acciones que se cotizan en los mercados globales se transan en Francia. Las empresas que eran 100% franceses estaban siendo compradas a un ritmo alarmante. El cambio económico global en el poder de Europa a Asia, América Latina y en otros lugares, ahora era bastante evidente.
Para defender a estas empresas y a sus accionistas franceses, el gobierno aprobó la “Ley de Florange” en abril del año pasado. Esta legislación entrará en plena vigencia en Marzo de 2016. El supuesto propósito de este nuevo mandato es proteger a las empresas francesas de “raiders” corporativos y especuladores en general. Aunque es popular en Francia y en otras partes de Europa, intenta cambiar las leyes del capital y la inversión.
El gobierno francés, en esencia, tiene la intención de dar a los accionistas tradicionales mucha más influencia sobre la toma de decisiones del futuro de las empresas que tienen su sede, o hacen la mayoría de sus negocios, en Francia. Por otra parte, la esperanza es que esto permita a estas empresas el tener más influencia en la economía mundial, manteniéndolas libres del temor de ser compradas por otras entidades.
En teoría, la ley permitirá que los directores de empresas sean capaces de tomar decisiones que beneficien a la empresa en el largo plazo, a cambio de ser rehenes de las ganancias y utilidades a corto plazo. Permitirá inversiones para mantener a la empresa competitiva, incluso en detrimento de los. Más ingresos podrían ser utilizados para la investigación y el desarrollo, en lugar de dividendos y rendimientos en forma de pagos.
La forma en la que la nueva ley operará es bastante simple. A los inversores que hayan mantenido acciones de una empresa francesa al menos por 2 años se les concederá automáticamente el doble de los derechos de voto que anteriormente se les había establecido. La única manera de evitar el nuevo mandato es que la empresa cambie la forma en la que se maneja. Esto es lo opuesto a como se hacen los negocios hoy en día. Por el momento, una empresa tiene que elegir de manera explícita el mejorar el poder de un grupo selecto de sus accionistas.
Muchos inversores insisten en que esto reforzará espectacularmente el poder del Estado francés, el cual sigue teniendo grandes participaciones en numerosas empresas, de diversos sectores de la economía. Lo mismo puede decirse de los sindicatos franceses, que normalmente terminan controlando los derechos de voto de sus miembros.
A sabiendas de que la ley entra en efecto total en menos de un año, muchos grandes inversores, en las empresas francesas, han pedido a los líderes corporativos el repudiar la nueva ley y que se tomen medidas para evitar que este cambio dramático altere la orientación de las empresas. Su razonamiento es que cambia las reglas tradicionales de negocios y no será en beneficio de los accionistas, quienes esperan retornos regulares para su inversión.
Independientemente de la intención, la nueva ley en verdad es sólo otra forma de proteccionismo. ¿No es el objetivo de esta el dar una ventaja injusta a una cierta clase de accionistas? Muchos analistas de negocios piensan que sí. Inesperadamente, la nueva ley no es tan popular con las empresas que, aunque sean públicas, siguen siendo propiedad de las familias. Si los accionistas minoritarios tienen ahora una posición mejorada, ¿harán ellos lo que realmente es en el mejor para el interés de la empresa? Ya hay varios movimientos en Francia para tratar de conseguir que las mayores corporaciones se comprometan con una política de exclusión.
El gobierno francés sostiene que la legislación fue diseñada para promover una mayor inversión a largo plazo, y que no es proteccionista, ya que todos los accionistas, independientemente de la nacionalidad, pueden calificar para acciones de voto doble. Además, los accionistas de una empresa tienen la opción de votar por no participar en esta nueva ley empresarial.
El movimiento no se limita sólo a Francia. Un plan de acción similar se está intentando en Italia. Se está aplicando el mismo principio, que ofrece los derechos de voto dobles para los inversores a largo plazo. Han de ser llamadas “acciones de fidelidad”. Básicamente, si el 50% de los accionistas acuerdan a tener la nueva disposición, podría entonces ser promulgada. En la actualidad, se necesitaría una mayoría de dos tercios para cambiar la estructura corporativa. Sin embargo, se creó un alboroto tal entre la clase empresarial en Italia, que el gobierno tuvo que abandonar el esquema.
Por supuesto, cualquier nueva ley que se trate de negocios siempre tendrá consecuencias no deseadas, las cuales no se desean producir. En este caso, es probable que Francia pierda más inversión extranjera y encontrará que será más difícil reunir capital para futuros proyectos empresariales. Ya que el 46% de todas las empresas francesas ampliamente no prohíben los derechos de voto de doble, el impacto sobre la economía francesa será devastador.
Existe el problema adicional del costo. El poder de voto que está siendo confiscado de las empresas ya listadas en bolsa tiene un valor monetario. Las acciones que se venden, las que no tienen ningún derecho de voto, deberán ser transadas por menos dinero. La reducción de precios podría ser hasta de un 10%, e incluso más, si los directivos de las empresas no generan suficiente confianza.
Algunos analistas argumentan que las empresas, con la nueva ley, seguirán siendo mejores que sus competidores, sin importar el cambio en los arreglos de poder de los accionistas. Por supuesto, esto dependerá de cada empresa y sus políticas. En otras palabras, no hay manera de saber realmente.
En respuesta a la ley, un gran número de compañías, entre ellas las más grandes de Francia, están preparando un movimiento de resistencia contra el actual gobierno socialista del país. Están haciendo lo anterior en las reuniones corporativas anuales, donde se intenta convencer a los accionistas para mantener el tradicional principio de las acciones; un solo voto. Si tienen éxito con esto, podrían modificar los estatutos de las empresas para salirse por completo de este mandato.
La resistencia corporativa francesa está siendo asistida en sus esfuerzos por la “PhiTrust”, que cuenta con el respaldo de 19 inversores institucionales diferentes que gestionan un total de $ 2500 trillones USD (dólares de los Estados Unidos), o 2,3 trillones de euros. Se originan en diferentes países de Europa e incluyen naciones con inversionistas notables de Francia, Alemania, Suiza y el Reino Unido.
La reputación de PhiTrust tiene mucho peso en la comunidad empresarial francesa. Desde la fundación de esta empresa de gestión de activos en 1999, la empresa ha sido capaz de formular metodologías específicas en materia de gobernanza corporativa, las cuales han funcionado bastante bien. Estas políticas específicas demuestran las mejores prácticas de negocios que se pueden hacer con una cooperación positiva con los accionistas. La compañía ha tenido bastante éxito con los fondos mutuos, invertidos en el mercado de valores.
La Ley Florange simplemente añade otro obstáculo a la hora de hacer negocios en Francia. El resultante precio más alto que resulta para obtener capital se aplicará a todas las empresas francesas. Bajas valoraciones lastimarán a las empresas francesas que se supone que deberían verse ayudadas por dicho mandato; esto dará una ventaja añadida a sus competidores, que bien pueden residir en un entorno favorable a más inversiones y menos regulación. Por último, hará de la emisión de las próximas acciones, para pagar la expansión corporativa, mucho más problemática. ¿De dónde sacarán estas empresas nuevas inversiones para financiar la investigación y el desarrollo futuros?
Si se añade esto a la tasa de impuestos personales, al cual está en 50,30%, (sólo España tiene un soporte superior a 52,00%) y el impuesto del 75% sobre los millonarios (derogado después de un año), junto con una carga del impuesto de sociedades del 33,33% (el más alto de Europa entre los principales países), un inversor podría preguntarse si vale la pena el riesgo. A esto se le suma una tasa de impuestos sobre las ventas del 20%, rígidas leyes laborales, así como el sinfín de regulaciones y las reglas por las cuales Francia es conocida.
